Danuxia Enciso y Javier Bello exponen a la Flave los beneficios que supone para los portuenses el desarrollo urbanístico de Rancho Linares
El teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Javier Bello, y la teniente de alcalde de Urbanismo, Danuxia Enciso, han mantenido un encuentro con una representación de la junta directiva de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, Flave, en la que han informado al colectivo, a petición de éste, sobre el proyecto urbanístico previsto en Rancho Linares.
Bello González, que agradece a la edil de Urbanismo las explicaciones ofrecidas en la sede de la entidad vecinal, considera que la reunión, a la que asistieron la presidenta de la Flave, Milagros Muñoz, el vicepresidente de la entidad y presidente de la AAVV Ronda de Valencia, José Luis Cárdenas, el tesorero de la Flave, Francis Roselló, la presidenta de la AAVV Barrio Alto y Centro Histórico, Inma Alcántara y el presidente de la Sectorial de Mayores de la Flave, Juan Delgado, “ha sido muy positiva, aclarando numerosas dudas e informando sobre la actuación que se va a desarrollar en Rancho Linares, un enclave que será objeto de un desarrollo urbanístico impecable que redundará en beneficio de todos los portuenses”.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Danuxia Enciso, destacó que si no fuera por este desarrollo urbanístico la zona seguiría siendo lo que es hoy, una finca privada que su propietario podría vallar, apuntando que, sin embargo, al desarrollarla pasará a ceder el 80% de sus terrenos a la ciudad, en los que se incluye la ya famosa pinaleta, además de equipamientos docentes, deportivos, sanitarios, etcétera, estando prevista la construcción de 1.200 viviendas a lo largo de los próximos diez años, siempre que el mercado y el crecimiento de la ciudad así lo aconsejen, ya que la realización del citado número de viviendas es una posibilidad, no una obligación.
La teniente de alcalde detalló a los asistentes que la promotora afrontará unos sistemas generales presupuestados en cinco millones de euros, destacando el interés que supone para la ciudad el que se acometan infraestructuras como viales o redes de saneamiento que serán de uso público, indicando que toda la actuación urbanística que acogerá el enclave se somete escrupulosamente a la legalidad, en virtud de una modificación puntual al PGOU de 1992 por la que los suelos dejaron de tener uso industrial para contemplar la utilización residencial.